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POLíTICA
Izquierda Xunida de Siero pide a la Fiscalía que actúe de oficio contra todo el que limite el derecho a la educación al alumnado sin transporte escolar.
Tere Álvarez, Coordinadora y concejala en el Ayuntamiento de Siero, cree que la acción judicial servirá para proteger a todo el mundo con independencia de que la responsabilidad sea de un particular o de una Consejería.
Izquierda Xunida de Siero ha cuestionado hoy a la Consejería de Educación por la persecución a padres y madres de alumnos críticos con la gestión del departamento. Parece ser que la Consejería ha planteado la necesidad de que la Fiscalía de Menores actúe de oficio para depurar responsabilidades en los casos en los que se vulnera el derecho a la educación como consecuencia de la incapacidad del área que dirige Carmen Suárez para garantizar el transporte escolar de los mismos, que en algunos casos como el de Siero lleva casi 2 años encima de la mesa sin ser resuelto y que ya está en manos del Defensor del Pueblo y de la Mesa de Peticiones de La Junta.
"La gestión de la Consejera de Educación es un despropósito: no da respuesta a las necesidades que llevamos denunciando desde hace muchos meses y que son consecuencia directa de su incapacidad e incluso ni siquiera responde a las llamadas de la Concejala de Educación del Ayuntamiento de Siero que es de su mismo partido. Creemos que la Fiscalía de Menores, si en el ejercicio de sus funciones estuviera actuando contra padres porque no llevan a sus hijos a las clases, podría investigar a la propia Consejería, que es la responsable de que haya escolares que, queriendo asistir a clase, no pueden asistir al mismo porque se les niega el derecho al transporte", ha asegurado hoy Tere Álvarez.
Para la concejala de IX Siero, la Fiscalía podría en su momento interesarse también por el incumplimiento de la Consejería de Educación en este asunto.
"Entendemos que las investigaciones de la fiscalía sobre la garantía del derecho a la educación tienen que afectar y proteger a todos, con independencia de que quien tenga la responsabilidad en obstaculizar o impedir el derecho a la educación sea un particular o sea la Consejería de Educación, como creemos que sucede ahora en Asturias. La realidad es que el departamento de Carmen Suárez, que es el que debería ser garante de este derecho se ha convertido en el principal actor que lo limita o directamente lo conculca".
