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Somos Siero denuncia represión lingüística

El alcalde no admite una moción por estar en asturiano

Publicado el 27/10/2020

El grupo municipal Somos Siero quiere denunciar que en el trámite de este mes una moción presentada para su consideración en el Pleno de octubre se rechazó por estar redactada en lengua asturiana. El tema de la propuesta era el cambio de la ordenanza de las terrazas y la ampliación de bonificaciones a la hostelería, para que todos los grupos políticos pudiesen aprobar unas normas que favorezcan a un sector muy importante en Siero y muy castigado por la pandemia y las circunstancias sanitarias que estamos viviendo.

Siero siempre se ha caracterizado por favorecer el uso de la lengua asturiana desde el ámbito institucional. A lo largo de varios años estuvo funcionando un Serviciu de Normalización Llingüística, que realizó campañas diversas en favor de prestigiar la lengua autóctona; el Ayuntamiento contaba con impresos bilingües, así como bandos o cartelería con presencia importante del asturiano. Incluso se llegó a aprobar una moción en favor de la oficialidad en marzo de 2007.

Pero ahora parece que la línea escogida es la negación de derechos elementales, tales como usar la lengua propia en el uso administrativo. Derechos recogidos en la Ley 1/98 de 23 de marzo de Uso y Promoción del Bable / Asturiano, pero que para el señor alcalde parecen no significar nada. Cualquiera entiende que las y los concejales no tienen por qué saber asturiano, y para eso había un Serviciu de Normalización que, entre otras cosas, podía facilitar la traducción. Pero negar el uso institucional normal en lengua asturiana es acabar con ella y colocarnos a los hablantes en situación de ciudadanos de segunda clase, privándonos de los plenos derechos democráticos que nos corresponden.

Mientras en el ámbito autonómico está cuajando sacar adelante un reconocimiento que remedie una injusticia que se arrastra desde la transición democrática, en Siero parece que la alcaldía está dejándose arrastrar a incumplir una ley y a negar derechos ciudadanos elementales por grupos que quieren crear un problema donde no hay más que un patrimonio lingüístico que pertenece a todas las personas asturianas y que desde las instituciones no cabe más que fomentar y defender, no torpedear y prohibir.